Con un DNU, Gustavo Sáenz impuso exámenes toxicológicos obligatorios para todos los funcionarios de Salta

Salta (Redacción Voces Críticas) En una decisión que apunta a reforzar los controles sobre la función pública, Gustavo Sáenz firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios de la provincia. La medida alcanza tanto a quienes ya ejercen cargos como a quienes pretendan ingresar a la administración, con el objetivo de asegurar condiciones de aptitud física, psíquica y moral en el desempeño de responsabilidades estatales.

El instrumento legal, que será enviado a la Legislatura para su tratamiento, fija como principios centrales la transparencia y la idoneidad. Desde el Ejecutivo sostienen que la confianza ciudadana depende de que quienes toman decisiones lo hagan con “claridad de juicio”. En ese marco, Gustavo Sáenz dejó en claro que no se trata de una recomendación, sino de una exigencia de cumplimiento obligatorio para toda la estructura estatal.

El alcance del decreto es amplio. Incluye al Gobernador, vicegobernador, ministros, jueces de la Corte, legisladores, intendentes, concejales y personal que ingrese a organismos públicos, además de entes de control y municipios. Según lo dispuesto, los análisis buscarán detectar metabolitos de sustancias como cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas, benzodiacepinas y barbitúricos. Con esta iniciativa, Gustavo Sáenz busca unificar criterios de control en los tres poderes del Estado.

 

 

 

 

 

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Los exámenes serán sorpresivos y se realizarán mediante test rápidos homologados. En caso de resultados positivos, se activará una instancia confirmatoria en laboratorios designados por sorteo, garantizando la cadena de custodia y el derecho a contraprueba. Para cargos electivos o magistrados, el procedimiento podría derivar en mecanismos de remoción constitucional, mientras que en designados implicará causal directa de cese. De este modo, Gustavo Sáenz planteó un esquema preventivo con consecuencias concretas.

Durante la firma, legisladores y funcionarios acompañaron la iniciativa y destacaron que la medida apunta a fortalecer la institucionalidad y combatir problemáticas vinculadas al consumo de sustancias. Con este DNU, Gustavo Sáenz busca enviar una señal política clara: la integridad en la función pública será una condición ineludible, en una apuesta por recuperar credibilidad y elevar los estándares éticos dentro del Estado provincial.