El narcotest entra en vigencia y alcanza a toda la dirigencia pública

Salta (Redacción Voces Críticas) El narcotest obligatorio para funcionarios públicos ya es una realidad en Salta tras la entrada en vigencia de la Ley Provincial Nº 8533. La medida establece que representantes de los tres poderes del Estado deberán someterse a controles toxicológicos, en una decisión que busca elevar los estándares de idoneidad y transparencia dentro de la administración pública.

La implementación del narcotest fue oficializada mediante el Decreto Nº 262, firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y publicado en el Boletín Oficial. De esta manera, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 32/2026 quedó formalmente convertido en ley, conforme al procedimiento previsto en la Constitución provincial.

El camino hacia la aplicación del narcotest tuvo un punto clave en febrero de 2026, cuando el Senado aprobó la iniciativa en una sesión especial. Posteriormente, la Cámara de Diputados no trató el proyecto dentro de los plazos establecidos, lo que habilitó su entrada en vigencia automática, consolidando así el avance de la normativa.

En cuanto a su alcance, el narcotest abarcará a un amplio espectro de funcionarios, incluyendo al gobernador, vicegobernador, ministros, legisladores, magistrados, fiscales y autoridades municipales. Esta amplitud implica que el control no solo se aplicará a nivel provincial, sino también en el ámbito local, alcanzando a intendentes y concejales.

Además, el esquema del narcotest contempla que los exámenes puedan realizarse de manera periódica o sorpresiva, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo de la ley. A su vez, se establecen garantías para los involucrados, como la confidencialidad de los resultados y la posibilidad de solicitar una contraprueba en caso de discrepancias.

Con la puesta en marcha del narcotest, el Gobierno de Salta busca fortalecer los mecanismos de control interno y establecer reglas más estrictas para el ejercicio de la función pública. La medida marca un precedente en la provincia y abre un nuevo escenario en materia de control y responsabilidad institucional.