Test toxicológicos en la función pública: arrancó la etapa de reglamentación

SALTA (Redacción Voces Críticas) La Provincia dio un nuevo paso en la implementación de la Ley 8533 con la puesta en marcha de la comisión que tendrá a su cargo la reglamentación de los test toxicológicos obligatorios para quienes ingresen o permanezcan en la función pública.

La primera reunión se realizó este miércoles y contó con la participación del jefe de Gabinete, Sergio Camacho, y del ministro de Salud Pública, Federico Mangione. El objetivo es avanzar en la elaboración de los protocolos técnicos, legales y de confidencialidad que regirán la aplicación de los controles.

La normativa tuvo origen en el DNU 32/26 firmado por el gobernador Gustavo Sáenz y establece la obligatoriedad de los test toxicológicos para funcionarios y agentes públicos. Según se informó, la reglamentación deberá definir los procedimientos, alcances y mecanismos de implementación.

Durante el encuentro, Camacho destacó la importancia de la iniciativa y recordó que la medida responde a una demanda de la sociedad vinculada a la transparencia institucional y a la aptitud física y psíquica de quienes desempeñan funciones públicas. “Para el Gobernador este es un tema trascendental porque entiende que la sociedad lo demanda”, expresó.

Por su parte, Mangione sostuvo que Salta es una de las pocas provincias que avanzó con una normativa de estas características y señaló que la reglamentación requerirá un trabajo minucioso para contemplar todos los aspectos vinculados a los test toxicológicos. Además, indicó que la tarea se desarrollará sin plazos rígidos y respetando el cronograma que establezca la propia comisión.

El organismo está integrado por profesionales designados por el Ejecutivo provincial, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, además de especialistas que actuarán como consultores externos. También se informó que se cursará una invitación al Poder Judicial para que participe del proceso.

Entre los profesionales convocados figuran funcionarios del Ministerio de Salud Pública, legisladores y especialistas en toxicología, medicina y derecho, quienes tendrán la responsabilidad de elaborar la reglamentación que permitirá poner en funcionamiento la ley en toda la administración pública provincial.