Nuevos allanamientos por las “pensiones truchas”: secuestraron documentación y apuntan a más implicados

SALTA (Redacción Voces Críticas) La causa que investiga una presunta red de pensiones truchas en el departamento Anta sumó un nuevo capítulo tras una serie de allanamientos realizados en distintas localidades del interior salteño. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Garantías N° 2 y se llevaron adelante de manera simultánea en Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal.

La investigación sobre las pensiones truchas se inició en noviembre de 2024 y es llevada adelante por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional. Tras más de un año y medio de tareas de inteligencia y recolección de pruebas, los agentes avanzaron con esta segunda etapa operativa que permitió el secuestro de documentación considerada clave para la causa.

Durante los allanamientos se encontraron placas médicas con espacios en blanco para completar identidades, además de copias de análisis clínicos originales que habrían sido utilizadas para respaldar expedientes irregulares. Los investigadores consideran que estos elementos fortalecen la hipótesis de una organización dedicada a defraudar al Estado mediante la obtención fraudulenta de beneficios previsionales.

La causa por las pensiones truchas tiene como principal sospecha la existencia de una estructura organizada que habría sido impulsada por un exfuncionario municipal del departamento Anta. Según la teoría fiscal, la red captaba a familias vulnerables a través de punteros políticos, quienes ofrecían gestionar pensiones por invalidez a cambio de respaldo electoral.

Además, la pesquisa determinó la posible participación de profesionales de la salud que emitían certificados médicos falsos con diagnósticos recurrentes como enfermedad de Chagas o problemas de columna. Incluso, los investigadores detectaron indicios de laboratorios utilizados para adulterar estudios clínicos y reutilizar radiografías en distintos expedientes.

Tras los nuevos procedimientos, la Unidad Fiscal Federal de Salta analiza avanzar con la imputación de otras ocho personas. Entre los posibles nuevos acusados figuran tres médicos y varios dirigentes políticos que habrían tenido participación en la maniobra investigada.