Nuevo avance en el expediente contra el intendente de La Merced: la investigación sumó una instancia decisiva

Salta (Redacción Voces Críticas) La causa judicial que tiene como principal imputado al intendente de La Merced, Javier Rafael Wayar, registró este jueves un nuevo avance con la realización de la audiencia de admisión de pruebas, una instancia determinante dentro del proceso que se desarrolla bajo las normas del nuevo Código Procesal Penal.

La audiencia del funcionario fue presidida por el juez Aldo Rubén Saravia y contó con la participación de representantes del Ministerio Público Fiscal, la defensa de los acusados y la querella que actúa en nombre del Concejo Deliberante de La Merced. Durante la jornada se abordaron distintos aspectos vinculados a la organización del futuro debate oral.

En el comienzo de la audiencia, los abogados defensores de Wayar presentaron tres planteos preliminares. El magistrado resolvió rechazar dos de ellos al entender que ya habían sido tratados con anterioridad y que no correspondían a esta etapa del proceso. Respecto del tercer planteo, la decisión quedó supeditada a la verificación de una notificación dirigida a la querella. Informa Voces Críticas.

Posteriormente, el juez convocó a las partes a evaluar posibles acuerdos sobre aquellos hechos que no generan controversias entre los involucrados. La medida busca simplificar la discusión futura y concentrar el debate únicamente en los puntos que permanecen en disputa.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por quien era presidente del Concejo Deliberante de La Merced, Santiago Huerga, junto a otros concejales. Según la acusación fiscal, en septiembre de 2020 se habrían realizado transferencias de dinero desde cuentas de la Municipalidad hacia cuentas personales de los entonces concejales Dina Pastrana, Pedro Gutiérrez y Daniel Coreico, operaciones que, de acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, no contaban con respaldo legal ni administrativo. Por esta razón, los exediles fueron imputados como presuntos partícipes necesarios del delito de peculado atribuido al jefe comunal.

El expediente también contempla una acusación por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público. En este punto, la fiscalía sostiene que Wayar habría firmado y aprobado un contrato de comodato para ceder un inmueble ubicado en el predio del matadero municipal a una asociación civil sin cumplir los procedimientos establecidos por la Carta Orgánica Municipal. La acusación señala además que la operación se concretó sin licitación previa ni autorización del Concejo Deliberante, por lo que la causa continúa avanzando hacia las próximas instancias judiciales.