Necesitamos otro Congreso de Tucumán

SALTA (Por Ernesto Bisceglia para Voces Críticas) El 25 de Mayo de 1810 suele llamarse “el Día de la Patria”, cuando, en realidad, aquello no fue una revolución porque no hubo participación popular, sino un movimiento destinado a cambiar el statu quo imperante, aprovechando la coyuntura de la prisión del rey de España cuando Napoleón invadió la Península.

Fue un movimiento exclusivamente centralista, porteño, motivado en gran parte por una cuestión económica: el libre comercio, una idea de inspiración masónica que habían sembrado los ingleses en 1806 y 1807 durante las Invasiones Inglesas. El interior se enteraría tiempo después, incluso cuando fue, literalmente, invadido por las tropas que Buenos Aires envió para conseguir el apoyo de las provincias. La Intendencia de Salta fue la primera en adherir a la movida de Mayo de 1810; recordamos la épica cabalgata de Calixto Ruiz Gauna, quien llevó la noticia de la adhesión local al nuevo gobierno.

El problema es que aquella Primera Junta de Gobierno de Buenos Aires no resolvió la cuestión de fondo: la independencia. De hecho, pasaría casi una década sin que pudiera consolidarse un gobierno estable: dos Triunviratos, la Junta Grande, la Asamblea del Año XIII y los Directorios. Mientras el Puerto se consumía en disputas políticas y tensiones económicas ligadas a la Aduana, en el norte se combatía para detener el avance de los realistas.

La Declaración de la Independencia: un acto demencial

No hubo peor momento para declarar la Independencia convocando a un Congreso en Tucumán. Para 1816, el panorama en Sudamérica era desolador. El rey Fernando VII había recuperado el trono español y enviado al general Pablo Morillo a reconquistar las colonias con una fuerza militar devastadora.

Todos los triunfos locales fueron cayendo como fichas de dominó. Venezuela y Nueva Granada (actual Colombia) sufrieron el “Régimen del Terror”, con la ejecución de patriotas y la huida de Simón Bolívar hacia Cartagena. En Chile, tras la derrota patriota en la batalla de Rancagua (1814), los españoles habían recuperado el control de Santiago. O’Higgins y los sobrevivientes cruzaban los Andes buscando refugio en Mendoza, mientras que, en México, los focos revolucionarios encabezados por Morelos habían sido prácticamente desarticulados y el propio líder había sido fusilado a fines de 1815.

Solo las Provincias Unidas del Río de la Plata mantenían un gobierno —a su manera— independiente, con la frontera norte protegida por Martín Miguel de Güemes y sus gauchos.

Reunir a los congresales en Tucumán fue casi un acto suicida que, sin embargo, tuvo dos consecuencias de incalculable valor histórico. La primera, que el Congreso sesionó en el interior, a poca distancia de donde se combatía contra las tropas españolas que intentaban quebrar la línea de Humahuaca. La segunda, dejar asentada al pie del Acta una frase de enorme trascendencia política: “Declarar la Independencia de España y de toda otra dominación extranjera”.

Por eso, el verdadero “Día de la Patria” debería ser el 9 de Julio de 1816, porque la libertad de este suelo se selló en el interior y no en el Puerto, donde habían ordenado al general Manuel Belgrano descender hasta Córdoba para proteger los intereses porteños. El lúcido Belgrano comprendió que obedecer esa orden implicaba perder las provincias del Norte y decidió librar las batallas de Tucumán y Salta, que cerraron para siempre el paso de los españoles.

Necesitamos otro Congreso de Tucumán

Digo, sin ambages, que el país necesita celebrar otro Congreso como el de Tucumán, aunque esta vez debería realizarse en Salta, porque fue la provincia que soportó el mayor peso de la Guerra de la Independencia —recordemos que, en Tucumán, Bernabé Aráoz conspiraba contra la lucha que libraba Güemes—. Salta es la cuna de la libertad y de la soberanía rioplatense.

Además, ha sido históricamente una provincia con liderazgo en múltiples ámbitos, especialmente en el político. Desde sus orígenes, hombres de Salta fueron protagonistas de los grandes acontecimientos institucionales del país. Hoy, además, su posición geopolítica estratégica la convierte en un nexo privilegiado con el comercio del eje Asia-Pacífico, llamado a ser el principal polo económico del mundo en las próximas décadas.

Tenemos que rediscutir viejos problemas aún no resueltos, como el de la Aduana, hoy traducido en el debate sobre la coparticipación federal. Es necesario revisar y fortalecer el concepto de federalismo, virar la mirada desde los puertos de Buenos Aires y Rosario hacia los pasos internacionales de Jama y Sico, reclamar una mayor presencia de dirigentes del interior en el gabinete nacional y reformular el sistema educativo frente a los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

El centralismo asfixia y desorienta; el interior propone y rescata. Frente a una crisis que nos fragmenta, la salida exige dejar de lado los egos centralistas y mirar hacia el Norte, allí donde la soberanía se defendió con sangre y hoy puede proyectarse hacia el futuro. No hay más margen para la tibieza.

No se trata de repetir ceremonias ni de redactar una nueva declaración solemne. Un Congreso del siglo XXI debería reunir a gobernadores, universidades, empresarios, trabajadores, científicos, docentes y representantes de la producción con un único mandato: acordar veinte o treinta políticas de Estado que no puedan modificarse según el humor electoral. La Argentina no necesita otro relato; necesita un rumbo compartido.

Porque la estructura está agotada y ya no admite más parches. Hay que refundar los consensos que sostienen a la Nación. Cuando el abismo acecha, la respuesta no está en el Puerto; está en la audacia y el coraje de las provincias que parieron la Patria.

El tiempo de la especulación se terminó y, para salvar el futuro, necesitamos —hoy más que nunca, y lo repito— celebrar otro Congreso de Tucumán.