Reclaman que Salta tenga un Defensor del Pueblo y piden que la Legislatura avance con su creación

SALTA (Redacción Voces Críticas) La ausencia de una Defensoría del Pueblo de la Provincia volvió a instalarse en el debate público luego de que el abogado y referente de Protectora, Daniel Paganetti, reclamara que la Legislatura impulse la creación de ese organismo para garantizar una mayor protección de los derechos de los ciudadanos.

En diálogo con Aries, Paganetti señaló que, si bien existen defensorías municipales, su alcance resulta insuficiente para intervenir en conflictos que involucran al Gobierno provincial, organismos estatales o empresas prestadoras de servicios públicos.

El abogado remarcó que Salta es una de las pocas provincias del país que todavía no cuenta con un Defensor del Pueblo, y comparó la situación con otras jurisdicciones, como Jujuy, donde esa institución ya se encuentra en funcionamiento.

Según explicó, la figura del Defensor del Pueblo tiene como objetivo controlar los actos de la administración pública, recibir denuncias de los ciudadanos e intervenir cuando se detectan posibles vulneraciones de derechos. Por ese motivo, consideró que es necesario que la Legislatura avance con un proyecto que permita poner en marcha el organismo.

Paganetti también sostuvo que las defensorías existentes presentan una fuerte dependencia política, lo que, a su criterio, dificulta que puedan actuar con plena independencia en situaciones sensibles o frente a reclamos que involucren al propio Estado.

Durante la entrevista, vinculó la falta de un organismo de control independiente con distintos conflictos registrados en la provincia, entre ellos las quejas por las tarifas de los servicios públicos y los cuestionamientos relacionados con el funcionamiento del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPS).

Finalmente, el referente de Protectora afirmó que una Defensoría del Pueblo provincial permitiría incorporar una instancia externa de control con facultades para solicitar información, impulsar acciones colectivas y acompañar a los ciudadanos en sus reclamos frente a organismos estatales o empresas prestatarias de servicios.