El peronismo va por cambios clave en la Ley de Inocencia Fiscal: "Sin privilegios para los políticos"

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) El peronismo en el Congreso nacional abrió un nuevo frente de discusión legislativa sobre la transparencia en la función pública. Mediante iniciativas presentadas por el senador Fernando Salino y el diputado Eduardo Valdés, el espacio busca introducir restricciones clave a la Ley de Inocencia Fiscal, marcando una postura firme frente a las reglas de regularización patrimonial que rigen para quienes administran recursos del Estado.

El debate ganará intensidad a partir de agosto, cuando las comisiones de ambas cámaras retomen las reuniones para evaluar los textos que proponen dejar fuera de estos beneficios a funcionarios de los tres poderes del Estado, organismos de control y sus entornos familiares.

Los proyectos en el Senado: foco en blanqueos y Ganancias

Desde el bloque Justicia Social Federal, el senador por San Luis Fernando Salino formalizó dos propuestas legislativas orientadas a poner límites estrictos. Según el legislador, la intención central es evitar que quienes ejercen la función pública o tengan vinculación política puedan ampararse en esquemas fiscales diferenciados o procesos de exteriorización de activos.

La primera iniciativa apunta a restringir el ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias, obligando a los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas mediante el régimen general tradicional. La prohibición abarca a cónyuges, convivientes y familiares directos, manteniendo la incompatibilidad hasta dos años después de haber cesado en el cargo.

Por otra parte, el segundo proyecto busca vetar el acceso a cualquier tipo de blanqueo a quienes hayan ocupado cargos de jerarquía en los últimos diez años. Esta medida alcanza a las máximas autoridades de los tres poderes estatales, entes de fiscalización, contratistas del Estado y personas con condenas judiciales firmes.

El planteo en Diputados: ética pública y transparencia

En la Cámara baja, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés sumó una propuesta en la misma línea normativo-institucional. El legislador argumentó que permitir que funcionarios accedan a mecanismos de regularización patrimonial atenta contra las obligaciones básicas de rendición de cuentas y la Ley de Ética Pública.

Según Valdés, las reglas de excepción o flexibilización en materia impositiva no pueden aplicarse a quienes manejan bienes públicos, ya que esto podría facilitar maniobras de ocultamiento. En ese sentido, subrayó que los estándares internacionales de lucha contra el lavado de dinero exigen controles más severos sobre las personas políticamente expuestas.

Entre sus puntos salientes, la propuesta oficial contempla la eliminación de topes impositivos, ajustes en los criterios de discrepancia patrimonial, condonación de sanciones menores y la fijación del 31 de diciembre de 2027 como fecha límite para exteriorizar capitales sin costos retroactivos. Frente a esta estructura, el Congreso se encamina a definir si los representantes políticos podrán o no hacer uso de estas facilidades. Informa Voces Críticas