GNEA: el intendente Prado y los demás imputados están más enterrados que los caños robados

SALTA (Redacción Voces Críticas) Se habla mucho del Gasoducto del Nea (GNEA), pero a la gente debe saber de qué se trata. Es un proyecto que proviene del llamado “Plan Energético Nacional 2004-2019” del anteriormente llamado Ministerio de Planificación Federal. El lanzamiento de la obra se produjo en 2011 y en 2014 la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó los contratos para que diera comienzo la ejecución. Hoy, continúa la investigación de los caños robados de la obra paralizada y se siguen sumando los imputados. El intendente de Aguaray, Jorge Prado, está cada vez más complicado. 

Hasta el momento se hallan radicadas 19 denuncias policiales por parte de funcionarios de IEASA, antes conocida como ENARSA, una más curiosa que la otra y la trama se complica porque comenzaron a mostrarse enturbiados nudos en los que están implicadas las instituciones policiales, judiciales y políticas.

Los caños robados del GNEA comenzó en el norte en 2018 y una de las piezas clave es Adrián Antonio Vera, entendido en el rubro, que en la actualidad cuenta con orden de captura y está prófugo.

Desde ese mismo año se dedica al negocio de los caños robados de gasoductos, hurtando además rodados 4x4 en el interior argentino. Ahora estaría radicado en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, donde compra camionetas robadas y renta máquinas con falsos cheques.

La asunción del intendente de Aguaray, Jorge Prado, vino a calentar motores en algo que ya había empezado antes. Hoy, Prado se encuentra más enterrado que los pocos caños que quedan del malogrado gasoducto, y junto con él los funcionarios que participaron en la estafa.

La banda que montó todo este circo se organizó mucho antes de que Prado asumiera la intendencia de Aguaray, poniendo su firma en la resolución 1215, del 23 de diciembre de 2019, que dejó la obra para que la ejecutara una empresa de Mendoza, y se trataba de 35 kilómetros de interconexión en el departamento San Martín.

El gobierno de Macri inició la debacle al considerar caído el llamado a licitación nacional que buscaba reactivar las obras en el tramo de 230 kilómetros que atravesaba Salta y que Servicios Vertúa había abandonado, dejando un avance del 48 por ciento en diciembre de 2015 por denuncias y problemas sociales.

El intendente Prado y diez acusados se encuentran cada vez más complicados. El martes hubo una audiencia judicial donde Villalba y los fiscales Marcos Romero (Tartagal) y José Luis Bruno (Orán) ampliaron los cargos contra Prado y diez acusados más ante el juez Gustavo Montoya.

Las denuncias fueron presentadas por inspectores de la obra de ENARSA (IEASA) antes de que Prado firmara la controvertida resolución 1215 que posibilitó el desguace de caños del GNEA, los que atravesando más de cuatro provincias, terminaron reducidos en el mercado negro porteño.

Lo más curioso es que estas 19 denuncias que pudieron haber evitado el increíble robo, porque el valor de cada caño estaba evaluado en 5.000 dólares, fueron hechas por inspectores de obras de la empresa ENARSA, aun cuando la paralización de la obra aconsejaba resguardar con las fuerzas federales los costosos tubos.

Es escalofriante la impunidad del prófugo Adrián Antonio Vera que viene delinquiendo en todo el país con la especialidad “gasoductos” ya que arrasó en La Pampa, Chubut y Catamarca. Hasta que llegó a Salta su prontuario se engordó en La Pampa y Santa Fe, donde fue detenido tenía dudosas prebendas y algunos funcionarios miraban para otro lado.