Urtubey firmó un importante convenio contra la violencia de género

SALTA.- (Redacción Voces Críticas) En el día de lucha contra la violencia de género, Urtubey firmó un importante convenio.

Se trata del decreto 1661, que aprueba el Convenio Especial de Cooperación Mutua en materia de Violencia Familiar y de Género celebrado entre el Gobierno de Salta y la Procuración General de la Provincia.

“Debemos reflexionar sobre esta problemática que, lamentablemente, sigue afectando a muchísimas mujeres en todo el mundo”, dijo  el mandatario salteño y agregó: "La violencia es un problema estructural, cultural, político, social y económico, que debe ser erradicado. Debemos trabajar todos los días para poder lograrlo”.

Por este convenio, el gobierno de la provincia cedió en comodato a la Procuración un espacio físico en el Polo Integral de las Mujeres, donde comenzó a funcionar la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género N°3, del Ministerio Público Fiscal, que inauguraron el gobernador Juan Manuel Urtubey y el procurador general Abel Cornejo.

Allí se realiza la recepción de denuncias y se desarrollan las diferentes tareas propias de la función de las Fiscalías Penales. De esta manera se completan los servicios públicos destinados a atender estos casos en forma integral, multidisciplinariamente y en un mismo espacio.

La nueva Fiscalía depende del Ministerio Público Fiscal y su función es investigar los hechos delictivos denunciados, con injerencia en la violencia familiar y de género, tomando las medidas necesarias para la protección de la víctima y, de resultar pertinente, promover el proceso penal con el juicio correspondiente.

En el edificio funcionan los servicios de atención, contención, asesoramiento, la Oficina de Violencia Intrafamiliar (OVIF) y ahora esta Fiscalía, que está a cargo de Liliana Jorge y el auxiliar fiscal Marcos Vargas Ortiz.
 

El Convenio

El Convenio de cooperación fue firmado el 11 de noviembre pasado, entre el Gobierno de Salta y la Procuración General de la provincia, para garantizar la asistencia integral de las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos, concentrando en un solo lugar todos los mecanismos del sector público que actúan en su asistencia.

El fin es fortalecer el compromiso asumido por las partes de adoptar mecanismos que potencien sus capacidades y recursos, para -así- cerrar la brecha existente entre la demanda de la sociedad ante el flagelo de la violencia de género y el servicio de la administración de justicia, asegurando una asistencia adecuada, de calidad, oportuna e integral que evite la revictimización.