Los jueces y el impuesto a las ganancias

Por enésima vez, y como ocurre ante cada crisis económica de carácter cíclico, los encargados de atenuar el vendaval cambiario se acuerdan, para salir del paso ante la inestabilidad del dólar, que los jueces deben pagar ganancias. A su vez, corporativamente un núcleo blindado de magistrados apostrofa en su intimidad con variados epítetos a los mentores de la medida y a continuación salen eyectados a defender ante los medios el denostado privilegio: si los jueces pagan ganancias, dejan de ser independientes. Tal argumento no solamente suena a rancio y vetusto, sino que, es decididamente falaz. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas, dice la letra de la Constitución Nacional. Un juez no es independiente por no pagar el impuesto a las ganancias sino por la firmeza de sus convicciones y su estatura moral.

  Es decir que ningún privilegio puede sostenerse en desmedro de la mayoría de los habitantes. La única cuestión que se plantea es que con la aplicación del tributo se disminuirán los sueldos, lo que legal y constitucionalmente no se puede. La solución es sencilla, debe adicionarse al salario judicial el monto que deben tributar en concepto de ganancias, una sola vez y desde allí para siempre quedaría abolida una asimetría antipática e injusta. Lo que sí resulta irritante es que los desaguisados financieros de la administración no se deben a que los jueces no paguen impuesto a las ganancias, sino a la falta de políticas y de previsiones sobre variantes cíclicas que estremecen al país, cuyas reacciones fueron entre tímidas e irresolutas. Si la Argentina no se vuelve definitivamente productiva cada 15 años, o tal vez menos, deberemos soportar huracanes cambiarios, execrables por esencia, que además demandan el endeudamiento soberano del país. Esto no tiene nada que ver con abolir un privilegio que en escala es casi irrisorio a la magnitud de la crisis desatada en la Argentina.

 Junto con ello, no se deberían esperar las corridas cambiarias para mejorar la Justicia y equilibrar las asignaturas que solamente el precio del dólar parece hacer recordar. Es tan pasmosa la carencia dirigencial en nuestro país, que en realidad desde el primer día de gobierno de la administración se debió haber plasmado una reforma integral en la Justicia. Mientras tanto, la Corte Suprema, para no quedar al margen de la desmesura, pidió nada menos que 2.000 millones de pesos (el lector sí leyó bien la cifra) para modernizar el sistema de escuchas telefónicas, oficina que se colocó, de manera insólita, en el seno del máximo tribunal de Justicia de la Nación, lo cual no solo es un dislate sino que desnaturaliza la función jurisdiccional totalmente. En esa oficina trabaja un buen número de parientes de magistrados encumbrados y cuando quiso dejó trascender diálogos que únicamente deberían conocerse dentro de los procesos judiciales. Las crisis son oportunidades para aprender y salir adelante. Pero para que ello ocurra, las sobreactuaciones y las desmesuras deben quedar de lado, sino no tendremos destino ni República posible.

Por Abel Cornejo para Voces Críticas