A las armas las carga el diablo

   Que a las armas las carga el diablo, es un viejo dicho popular, cuya verosimilitud es imposible discutir. En los últimos días el país se sumió en una discusión, seguramente para estar a tono, con las intenciones políticas del presidente electo de Brasil, sobre cuyos propósitos venimos advirtiendo en forma reiterada, así como algunos epígonos locales consideran que autorizando a disparar armas de fuego se solucionarán los problemas de seguridad de la Argentina.

               En efecto, un medio de una profusa difusión informó que: los agentes de las fuerzas federales de seguridad podrán usar armas letales frente al delito sin necesidad de dar la voz de alto y sin agresión directa previa, según lo establece el Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego que fue publicado este lunes en el Boletín Oficial. La resolución 956/2018, firmada el 27 de noviembre por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, (que entró en vigencia un día después) dispone que en cumplimiento de su deber se utilizarán armas de fuego "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos".

               La Resolución no solamente causa asombro y desazón, sino que es altamente preocupante que se autorice a las fuerzas policiales y de seguridad disparar a mansalva, cuando a su criterio lo crean necesario, sin recaudo alguno, cuando resulta de público y notorio conocimiento que dar rienda suelta a semejante medida, puede ocasionar desde víctimas fatales inocentes, a un uso discrecional de las armas de fuego sin control ni recaudo alguno. Sin duda que la Resolución postra, lastima y vulnera gravemente el Estado de Derecho y puede traer aparejadas impensadas consecuencias a la vez que se inicia un marcado retroceso en un país, donde el pasado reciente está manchado de sangre.

               A esto hay que sumarle los vastos bolsones de corrupción enquistados desde hace años en las fuerzas policiales y de seguridad que nunca fueron limpiados, ni saneados debidamente hasta la fecha, con lo cual a quienes actúan al margen de la ley se les facilita la comisión de delitos y ahora el de disparar sin miramientos ni control alguno. Una democracia no necesita disparos de armas de fuego, necesita transparencia, paz y orden en sus instituciones. Fundamentalmente que la fuerza no sustituya a la justicia, porque de ser así estamos ante un gravísimo e insoluble problema. En una enorme encrucijada cuyos resultados pronto se verán y en nada contribuirán al afianzamiento de la justicia, ni a la consolidación de la paz interior que propugna el Preámbulo de nuestra Constitución.

               Jamás se puede estar de acuerdo con que un agente de las fuerzas dispare un arma de fuego sin control de la justicia y el ministerio público fiscal y mucho menos que tenga una suerte de licencia para matar. La vida es un bien supremo que exige la inteligencia necesaria  para cuidarla y preservarla por sobre todas las cosas, no la bestialidad que alguien sin formación o sin ética solucione a los tiros un inconveniente que, desde luego, tiene otra alternativa que es la aplicación de la Constitución y las leyes. De otra forma se legitimará la pena de muerte en contra de lo que dicen nuestra Ley Fundamental y los Tratados Internacionales. Por último, debemos reflexionar que si un decreto ministerial autoriza a disparar aún sin agresión, no sólo se destruye el imperio de la ley, sino que se hace una exaltación de la cobardía en su máxima expresión.

Por Abel Cornejo para Voces Críticas