Condenaron a la persona que rompió la camioneta donde era trasladado Lázaro Báez

ARGENTINA (Redacción Voces Críticas) Condenaron a la persona que rompió a martillazos la camioneta del Servicio Penitenciario Federal (SPF) donde era trasladado Lázaro Báez en octubre del año pasado. Se trata del empresario Jorge Federico G. de 59 años, quien fue filmado por sus propios vecinos en medio de los disturbios alrededor de vehículo que llevó al detenido al country Ayres de Pilar.

En esa ocasión, el traslado del condenado por corrupción debía cumplir con su arresto domiciliario, lo que fue impedido por la gente del lugar que repudiaba su presencia. El hombre, registrado como empresario en los rubros de negocios inmobiliarios de la AFIP, que integra una firma a la venta de automotores fue identificado por las imágenes que tomó con su celular otro vecino del country.

De esa forma, se emitió una orden para su arresto, por lo que la Policía Federal lo encontró en San Isidro pero fue liberado poco tiempo después. En aquella ocasión, la escena en el country Ayres de Pilar fue caótica cuando los vecinos impidieron que la camioneta del SPF que llevaba a Lázaro Báez ingresara al lugar. Cabe recordar que el empresario iba a cumplir en una de las casas del complejo el arresto domiciliario que le había otorgado la Justicia tras su condena por lavado de dinero.

La camioneta intentó ingresar pero los vecinos lo impidieron. En ese contexto, realizaron sentadas, golpearon el móvil, cantaron y llevaron pancartas. El vidrio de la camioneta Mercedes Benz del SPF, “no se rompió porque es un vidrio antitrauma; si no, hubiese sido herido el chofer”, comentó una fuente del caso. Finalmente, Lázaro Báez no pudo ingresar al country, volvió a la cárcel de Ezeiza y se encontró un nuevo domicilio que se mantuvo en secreto.

La condena

Ayer por la mañana, Jorge Federico G. fue condenado por el Tribunal Oral Federal N°4 de San Martín a resarcir al SPF con una multa de $24 mil y 140 horas de servicio comunitario en una parroquia de Tigre. El delito imputado, de acuerdo al fallo firmado por el juez Matías Mancini, es el de daño agravado por haber sido realizado con el objetivo de impedir el libre ejercicio de la autoridad y por haberse afectado un bien de uso público, en concurso ideal con el delito de resistencia a la autoridad.