Luego del escándalo por las monjas secuestradas, el Convento San Bernardo comenzó a ser investigado por malversación de fondos

Salta - (Redacción Voces Críticas) Luego del escándalo que significó para el Convento San Bernardo que se hiciese pública la situación de las monjas retenidas en contra de su voluntad en las Carmelitas Descalzas, las autoridades comenzaron a enfocarse en las distintas irregularidades que podrían estar ocurriendo en el lugar.

Por esa razón, se avanzó en la conformación de una Unidad Fiscal especial con el fin de investigar la gestión económica del Monasterio, además de su vínculo con la Fundación de la Virgen del Cerro. En concreto, este órgano está conformado por Gabriel González y Verónica Simesen de Bielke, para que trabajen de manera conjunta.

Esta medida fue dispuesta por el procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, luego de que la titular de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Salinas Odorisio, fuese inhibida luego de que se cuestionase su trabajo por "falta de objetividad y lealtad procesal".

En concreto, esta conclusión llegó luego de que la priora del Convento San Bernardo declarase ante la jueza Ada Zunino, en relación a la condición de las monjas de clausura. En este encuentro, Salinas Odorisio fue reiteradamente cuestionada.

En respuesta, la funcionaria advirtió que la actitud de los abogados Juan Casabella Dávalos y José Viola, quienes representan al convento, fueron quienes instigaron estos tratos. Además, aseguró que hubo "agravios" por parte de los letrados, mediante la utilización de términos agresivos e irrespetuosos.

En cuanto a la causa, se trata de un desprendimiento de la denuncia por violencia de género contra el Arzobispo Mario Cargnello realizada desde las Carmelitas Descalzas. Además, otros tres religiosos fueron acusados por ejercer violencia económica.