Carlos Saravia: “Acá estamos buscando regular y dar igualdad a todos los usuarios del agua potable”

SALTA (Redacción Voces Críticas) Continúa la polémica entre el COPRODEC y el ENRESP por el cobro del servicio de agua potable, algo que tenían subsidiado por ser colegios religiosos. El Presidente del ENRESP, Carlos Saravia, dialogó con Voces Críticas para dar su visión de lo que está sucediendo.

El Presidente del ENRESP manifestó: “Haciendo un resumen, lo primero que tenemos que decir es que el Ente otorga subsidios con recursos del Estado Provincial para los frentes y algunas entidades, y en el caso especial de la Iglesia desde hace muchísimos años venían percibiendo un subsidio que les correspondía por la vigencia de dos leyes de la época del año 50 en la que algunas congregaciones religiosas eran consideradas sostenidas por el Estado a tenor de lo que manda la Constitución, es decir, el Estado Nacional y Provincial debe sostener el culto. El problema es que esto se concentra en tributos, y en el caso de impuestos, tasa y contribuciones por mejoras la Iglesia no paga nada nacional, ni provincial ni municipal, pero cuando antes al servicio lo daba el Estado Provincial se consideraba que esto era una tasa, el servicio de agua potable y de saneamiento, una vez que se privatizó esto en el año 96 y de allí en adelante nunca más fue brindado por el Estado, consecuentemente no les corresponde en términos jurídicos que ellos no paguen, por eso pagan la luz, pero curiosamente no pagan el aguaW.

Carlos Saravia añadió: “Ahora, en el medio de esto se produce otra situación inequitativa que es que para nosotros solamente están comprendidos dentro de este privilegio los edificios que están afectados al culto, las capillas, las iglesias, cuando nosotros vemos un padrón que mandó el Arzobispado con 550 inmuebles aproximadamente nos al cruzarlos con la Dirección de Inmuebles que muchos no coincidían con que no estaban a nombre del Arzobispado, y estos son los inmuebles que muchas veces son donados a la Iglesia por diversas cuestiones. Ahí fue que pedimos informes, no nos contestaron nunca, así que fuimos a realizar los relevamientos correspondientes y ahí nos encontramos con casas alquiladas, con terrenos baldíos y los colegios, y cuando vemos los colegios tenemos algunos que sí están subsidiados y otros que no y es donde cobran cuotas de 15 mil pesos. Esos colegios tenían consumos muy altos de agua y puedo dar ejemplos como el colegio De la Merced que paga 70 mil pesos la última boleta, acá hay una situación indudablemente de peso porque Aguas del Norte manda la factura al Estado, no se la manda a los colegios y entonces Economía tiene que salir a pagar.

Ahora, el total de esto eran 25 millones y lo que hicimos fue dar de baja a todos los inmuebles que no son materias de culto más todos los que son arancelados, lo digamos en estos términos de rentabilidad. Ahora también dicen que van aumentar la cuota porque van a pagar el agua, nosotros hicimos los cálculos y en el mejor de los casos por alumno cada colegio va a aumentar la cuota 20 pesos, o sea que también hay una interpretación poco real respecto a la realidad de un servicio como éste”.

Por otro lado, y en referencia a la pelea que también vienen teniendo con los barrios privados por el mismo tema, Carlos Saravia dio detalles: “Ahora, respecto a los barrios privados nosotros hemos dictado la normativa por la cual aprobamos un proyecto y lo sometemos a consideración por 30 días, y después vamos a dictar la resolución definitiva, ya comenzamos a trabajar con Recursos Hídricos y COSANSA que son los actores del sistema. Los barrios privados cobran el servicio de agua en su mayoría pero el problema es que no pagan porque pagan una prosrrata que son 400 o 500 pesos al año por hectárea.

El problema ahí es que ellos dan agua pero nadie controla lo que captan, ellos tienen autorizada una captación por un cupo de metros cúbicos diarios pero no tienen caudalímites, por eso consideramos que hay que entrar a medir porque indudablemente las fuentes de agua en toda la provincia están deprimidas.

Por otro lado, no hay protocolos para el tratamiento del agua potable entonces aquí no hay garantías de que el agua tenga excesos de minerales, no hay estudios que presenten en ninguna parte de análisis clínicos ni tampoco presentan estudios de cloración de área, entonces que esto en algún momento puede provocar un perjuicio a la salud pública, porque además tampoco pagan seguro de responsabilidad civil ni seguro ambiental a pesar que tratan también los desechos cloacales, ellos ponen digestores, a veces el número es el suficiente, tienen 150 casas y ponen digestores para 50, entonces está claro que nosotros estamos planteando una regularización. Todos ellos son subprestadores, se va a crear un Registro de Subprestadores, van a tener un año para regularizar, tienen que constituir los consorcios, esto es algo que ya tendrían que haber hecho y nunca lo terminan, una picardía aprovechando que no tienen control. Por otro lado, les vamos a dar un plazo de 60 días para que se inscriban, es probable que se los autorice a continuar porque no vamos a dañar a todos los que reciben el agua de ellos pero para inscribirse van a tener que pagar el seguro, van a tener que poner el caudalímite para saber qué extraen y que no se abusen, y van a tener que garantizar el tratamiento del agua. Y de allí eventualmente se les podrá autorizar a que cobren algunas tarifas, así como Aguas del Norte que es prestador tiene derecho a cobrar una tarifa, bueno, ellos también tendrán derechos.

Es decir, estamos garantizando que van a tener un financiamiento para preservar la infraestructura, pero por otro lado también van a tener las exigencias y también van a pagar todos los que están adentro de los lotes, hoy un lote con pileta le paga a la Provincia 4 pesos por lote. Una locura. Ahora van a tener que pagar la tarifa como cualquier consumidor, y creo que hasta los mismos desarrolladores están interesados en tener reglas de juego claras, entiendo que lo que estamos explicando no habla de ningún tipo de opresión o avasallamiento con ellos, todo lo contrario, creo que estamos dando garantías y sobre todo al ciudadano común, al usuario del agua, le estamos garantizando que lo que le den realmente sea agua de calidad, controlado su procedimiento, su tratamiento y sobre todo controlado el riesgo ambiental por cómo ellos tratan los afluentes cloacales”.

“Volviendo al tema de los colegios privados, ellos dijeron que iban a apelar ante la Corte de Justicia de Salta, o sea que los que judicializan este tema son ellos, es cierto que la Jueza en los considerandos les ha dicho que ésta no es la vía, el amparo no, yo he tenido dos reuniones con COPRODEC y he dicho lo mismo que digo públicamente. Es bastante pícaro esto de decir vamos a aumentar la cuota porque el Ente nos está cobrando el agua, eso es una mentira obviamente porque la cuota se va a aumentar de todas maneras, yo soy padre de seis hijos y muchos de ellos van a colegios privados”, concluyó Carlos Saravia.